Ni los bloqueos de productores agrícolas ni los intentos de la oposición por aplazar el proceso lograron poner un alto a la nueva Ley de Aguas Nacionales. Después de un par de horas de discusión, este miércoles 3 de diciembre la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento aprobó la iniciativa para reformar la legislación hídrica y envió de inmediato el dictamen al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión.
La mañana comenzó con estruendo en San Lázaro. Las organizaciones campesinas llegaron desde temprano, pasadas las 10:00 de la mañana, y reforzaron un cerco que prometen sostener durante 48 horas. Mantienen bloqueados los accesos al Palacio Legislativo y exigen ser escuchados antes de que los legisladores definan el futuro del recurso más disputado del país. Afuera, campesinos y productores agropecuarios mantienen la tensión con consignas y advertencias de más bloqueos si no se atienden todas sus demandas dentro de la Ley de Aguas.
Sin embargo, dentro del Patio Norte el trámite avanzó con rapidez. La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento analizó la minuta impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y en poco menos de dos horas, tras una breve ronda de posicionamientos, Morena y sus aliados sumaron 28 votos a favor del proyecto. Las bancadas del PAN y del PRI rechazaron la propuesta con 10 votos en contra; al desacuerdo se unió un legislador del PT, mientras que dos diputados de Movimiento Ciudadano optaron por la abstención.
El reloj apremia dentro de San Lázaro: la sesión ordinaria prevista para este miércoles permanece detenida a la espera del dictamen, mientras que la Junta de Coordinación Política movió piezas en el orden del día para postergar otros debates, incluidos los cambios a la Ley General de Salud, con el fin de abrir espacio a la discusión hídrica en el Pleno. Ahí, la reforma del agua enfrentará la presión de la calle y la resistencia opositora, en un clima donde la incertidumbre política se mezcla con el descontento social por el manejo del recurso.
Centralismo, concesiones y derecho humano al agua: los puntos en disputa
Los legisladores opositores insistieron en que el dictamen mantiene riesgos para el campo mexicano. El panista Francisco Pelayo acusó que la reforma promueve “un centralismo absoluto” y dejó al descubierto que persisten dudas sobre el manejo de los derechos de uso del agua. Advirtió que la aparente contradicción entre los artículos que limitan la transmisión de concesiones y aquellos que regulan las transferencias dentro de los distritos de riego podría dejar a los productores sujetos a decisiones discrecionales de la autoridad, afectando la certidumbre jurídica en la tenencia del recurso.
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Frente a las críticas, el PVEM defendió que el texto ya tuvo modificaciones derivadas de reuniones con los propios campesinos inconformes y sostuvo que se mantiene la figura legal del binomio tierra-agua como garantía, es decir, la vinculación entre el predio y el derecho al uso del recurso hídrico como una protección frente al acaparamiento y la especulación.
En este contexto, y ante medios de comunicación, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, detalló que el nuevo marco normativo sobre el derecho y aprovechamiento de las aguas contendrá alrededor de 50 modificaciones acordadas en la Comisión de Recursos Hídricos. La legisladora recalcó la importancia de este tema para millones de mexicanos, al señalar que en la discusión no sólo debe tomarse en cuenta el agua, sino también la tierra y los alimentos, como parte de una misma ecuación que impacta directamente a productores y consumidores.
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Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), apuntó que se han atendido la mayoría de las peticiones de las personas productoras; sin embargo, subrayó que aún existen temas pendientes por incorporar. El legislador explicó que, en el caso de la venta de una propiedad legítima donde exista agua, se incluirá la concesión de agua asociada a ese predio, con el fin de evitar vacíos legales y proteger a quienes adquieren la tierra. También aseguró que se encuentra resuelto el tema señalado por los ganaderos —quienes solicitaban la no exclusión de ciertas concesiones de agua— y no cerró la puerta a que existan más cambios al dictamen en la ruta hacia su aprobación definitiva.
Monreal destacó que la iniciativa original en materia de agua mantiene la prohibición del acaparamiento y de la comercialización indiscriminada del recurso, además de establecer que el agua concesionada deberá destinarse exclusivamente al fin para el cual fue autorizada. Subrayó que uno de los ejes centrales de la propuesta es el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano, en el que el consumo para la población tiene la máxima prioridad frente a cualquier otro uso productivo.
Asimismo, señaló que la ley contempla facilidades para impulsar el tratamiento y la potabilización del recurso, con la intención de ampliar la disponibilidad de agua en regiones donde el estrés hídrico ya es crítico y donde los conflictos por el uso del líquido han ido en aumento.